El pasado mes de diciembre, el primer ministro chino, Li Keqiang, aseguraba que una de sus prioridades era “hacer pasar por el quirófano” a un buen número de sus empresas zombies. Es así como llaman en China a las compañías industriales de carácter estatal, fundamentalmente de los sectores del carbón y del acero, que en los últimos años han reducido notablemente su producción pero siguen manteniendo elevadas plantillas por el impacto social que tendrían los millones de despidos que se generarían.
Pero China ha decido que no puede esperar más: el acero y el carbón generan un escaso valor añadidoa su economía, al tiempo que provocan una contaminación medioambiental inasumible. Por ello, en los próximos cinco años va a reducir sustancialmente la capacidad de producción de estos sectores y su Gobierno acaba de anuncia que recortará en 500 millones de toneladas la del carbón y hasta 150 millones de toneladas de acero anualmente.
Pero ¿cuántos trabajadores podrían perder su empleo en esta reconversión? Las cifras oficiales facilitadas el lunes por el Gobierno chino apuntaban que sobran 1,3 millones de empleados en el sector del carbón y otro medio millón en el del acero antes de tres años.
Sin embargo, otras fuentes autorizadas que prefirieron guardar su anonimato citadas por la agencia Reuters triplican hoy la cifra de posibles despidos. En concreto, dichas fuentes indicaban que entre cinco y seis millones de trabajadores de estas empresas zombies podrían perder su puesto de trabajo en los próximos tres años.
Esto obligará a que el Gobierno chino, obsesionado con mantener la paz social en el mercado laboral, según precisan estas fuentes, se gaste cerca de 21.000 millones de euros (150.000 millones de yuanes) de aquí a tres años en costear las prejubilaciones y las ayudas a los trabajadores afectados por los despidos.
Esta cantidad corresponde a la creación de un fondo estatal de 14.000 millones de euros (100.000 millones de yuanes) para compensar directamente los 1,8 millones de despidos que se llevarán a cabo. Y, en segundo lugar, pretende invertir cerca de 6.500 millones de euros más (46.000 millones de yuanes), procedentes a los recargos que aplicarán a las plantas de carbón, a reciclar y recolocar a estos despedidos.
No obstante, el Gobierno chino se ha centrado en paliar los efectos sociales que tendrá esta reconversión pero no ha dicho aún qué pasará con las deudas financieras de estas compañías zombies que podrían ser desmanteladas o en el mejor de los casos jibarizadas. Esta situación podría, según las fuentes consultadas, asfixiar a muchos bancos locales.
“El Gobierno se ha propuesto dedicar todo ese dinero exclusivamente a los trabajadores despedidos, pero no hay dinero para las deudas con los bancos, y si eso no se soluciona muchas entidades bancarias tendrán problemas y se sembrará el pánico”, advierte Xu Zhongbo, líder de Beijin Metal Consulting, que asesora al sector del acero chino.
E igualmente está sin resolver cómo estas compañías saldarán sus deudas con otros proveedores en caso de cierre.
A todo esto se le suma que, a pesar de que el Gobierno chino ha prometido a los bancos afectados trasladar toda esta deuda mala a empresas de gestión de activos, los gobiernos regionales no confían en acceder siquiera a los fondos para paliar los despidos hasta que se desmantelen estas empresas y se reorganicen sus deudas.
Con todo esto, China se enfrenta al mayor proceso de reestructuración económica de los últimos 18 años, cuando inició la reestructuración de su sector público. En aquella ocasión, cerca de 28 millones de empleados públicos fueron despedidos entre 1998 y 2003, lo que costó al Gobierno central chino más de 10.200 millones de euros (73.100 millones de yuanes) en recolocaciones y prejubilaciones. Según las últimas cifras, de 2013, el gigantesco sector público chino emplea a alrededor de 37 millones de trabajadores, que son responsables del 40% de su producción industrial.
Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/03/01/economia/1456840823_129986.html
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